MANUEL A. VEGA
HATO MAYOR.- El procurador fiscal de Hato Mayor, Manuel Emilio Santana Montero, solicitó al juzgado de la Instrucción dos órdenes de arrestos para sendos abogados, acusados de supuestamente estuprar a una niña de 13 años, que quedó embarazada y a un menor también de 13 años que fue abusado analmente.
Los menores violados están recibiendo terapias psicológicas por el Departamento de Psicología del hospital Leopoldo Martínez de Hato Mayor, donde además están siendo tratado los padres, para evitar shop, tras las agresiones a sus vástagos.
Santana Montero, tenido como el fiscal más duro que ha tenido la provincia desde su fundación en 1985, dijo lamentar la acción que consideró deleznable y manchosa para la clase jurídica de Hato Mayor, al tiempo que pidió a los juristas entregarse a la justicia.
Los abogados acusados de supuestamente estuprar a dos menores, fueron identificados como José Manuel Reyes Castillo, 40 años y José Antonio Santana Santana (Capeyuca), 54 años, quienes se dieron a la fuga tras enterarse que eran buscados con órdenes de arrestos en su contra.
José Manuel Reyes Castillo está acusado de haber abusado sexualmente de una menor de 13 años, cuyo nombre se omite por razón de ley, dejándola en estado de embarazo, según denunció a las autoridades su padre, Sebastián Sosa (Moncito”, quien se paró de su cama, donde tiene varios meses enfermos, para denunciar el caso ante el fiscal Manuel Emilio Santana Montero.
“Ese abogado abusó de la pobreza que nos rodea y le hizo sueño a la niña de que iba a serle una casa y tenerla bien, pero la pobre muchacha se dejó seducir; yo pido que se haga justicia contra este sabedor de las leyes”, dijo Moncito a las autoridades al momento de denunciar el abominable hecho cometido contra su hija de 13 años.
El abogado abusaba de la menor en su oficina de la calle Miches, en el sector Las Chinas, al norte de Hato Mayor.
En tanto que el profesional del derecho José Antonio Santana Santana (Capeyuca), muy conocido por su desviación sexual en Hato Mayor, habría abusado analmente de un adolescente de 13 años, a quien tenía como pareja a oculto de sus padres en la comunidad de El Cercadito, a 5 kilómetros al norte de Hato Mayor.
La madre del menor habría descubierto infraganti al abogado encaramado encima del niño haciendo el amor analmente.
El caso del menor está siendo llevado por la fiscal adjunta, Kenia Romero, quien lamentó el hecho, pero denunció que las violaciones sexuales van en aumento en Hato Mayor, muy a pesar del castigo ejemplarizado que está haciendo la justicia local.
Se supo que los abogados andan buscando subsanar los daños cometidos ofreciéndoles dinero a los familiares de los niños ultrajados y mancillados.
Periodistas de LISTIN DIARIO buscaron la reacción de la seccional del Colegio Dominicano de Abogados en Hato Mayor, para conocer de su parecer con las acusaciones que pende contra dos profesionales del derecho, pero no fue posible hacer contacto con Delia Peguero, secretaria general del gremio.
EL CONANI
Ana María Guerrero, representante del Consejo Nacional de la Niñez (CONANI), advirtió sobre el auge de los abusos sexuales por parte de adultos en Hato Mayor y exhortó a los padres a ser más cauto con los hijos, que están siendo invitado por delincuentes a sostener relaciones sexuales hasta anales, consumir drogas y delinquir cometiendo robos en viviendas y negocios de barrios y campos de la provincia.
Aseguró a LISTIN DIARIO que en los últimos dos años, las violaciones que se han producido en Hato Mayor, son llevadas a cabo por adultos profesionales, que calificó de enfermos sexuales.
“Pienso que el problema de las violaciones nace en la pobreza, no solo económica, sino también educativa, pero la justicia de Hato Mayor está trabajando para diezmar un poco lo considero un foco en las violaciones sexuales”, significó al funcionaria.
Reiteró a los padres a ser más estricto con los hijos, que a su juicio está viviendo la fiebre de las drogas y están siendo seducido por los adultos a cometer acciones que rayan en la inmoralidad.
Los acusados habrían huidos a las ciudades de San Cristóbal y Santiago a casas de familiares para evadir la persecución judicial en su contra.
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