La decisión fue supuestamente dictada por la magistrada Elizabeth Rodríguez Espinal contra la ciudadana puertorriqueña Margarita Mestre Díaz, por ésta no comparecer este jueves a la audiencia sobre una litis de terrenos, ubicados en el municipio de Miches, que ocupa la Compañía Inversiones La Querencia y son reclamados por los herederos del fenecido hacendado Veremundo Quiñones.
En una nota enviada a este medio digital por Tomas Aquino , indica que los hijos del potentado y fenecido hacendado Veremundo Quiñones demandaron ante el Tribunal de Tierra de la provincia de El Seibo la anulación de la operación que intenta transferir los terrenos de su padre, a la Compañía Inversiones La Querencia, de capital venezolano, por una supuesta venta otorgada por el ex diputado boricua Miguel del Valle Escobar.
La señora Mestre Díaz no compareció a la audiencia, pese a ser citada legalmente en su residencia de Orlando, Florida, por lo que el tribunal ordenó su arresto y conducencia y aplazó la misma para el 31 de enero del 2013, a las 9:00 de la mañana.
El tribunal ordenó, además, al Superintendente de Bancos investigar una operación hecha por el contable puertorriqueño Carl Roy Leyva Ramos, desde República Dominicana, al Banco Popular de Puerto Rico, donde supuestamente depositó la suma de 13 millones 451 mil 717 dólares a su cuenta.
Esta investigación fue ordenada por el tribunal, a petición de la parte demandante, con la oposición del representante legal de la Compañía Inversiones La Querencia.
Ese dinero fue recibido por el contable Leyva Ramos y sería entregado al señor Veremundo Quiñones, pero éste nunca lo recibió y, según los abogados de sus hijos, desconocía la operación de venta de sus terrenos.
El dinero fue depositado en el Banco Popular de Puerto Rico y cuatro días después, transferido al Suntrust Bank en Atlanta, a petición de Leyva Ramos, uno de los involucrados en la operación calificada de “maniobra fraudulenta” por los abogados de los sucesores de Veremundo Quiñones, doctores Bienvenido Leonardo y Valentín Soso, que mostraron documentos al tribunal.
De acuerdo con la demanda interpuesta por la familia Quiñones, en la operación, que tildan de “fraudulenta”, participó un grupo de personas, entre ellas boricuas y dominicanos, que habría recibido casi 18 millones de dólares por transferir la parcela 22, porción 0-2, del Distrito Catastral 48, tercera parte, del municipio de Miches, a la Compañía Inversiones La Querencia.
El grupo está encabezado por el ex legislador boricua Del Valle, quien era el administrador de los terrenos, y por el contable puertorriqueño Leyva Ramos.
En la audiencia de este jueves, el tribunal se proponía interrogar a la señora Mestre Díaz, a petición de los abogados de la parte demandante.
No hay comentarios:
Publicar un comentario