MANUEL ANTONIO VEGA
EL SEIBO.- El abogado José Guzmán, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y presidente de la entidad en El Seibo, denunció que el procurador fiscal de esa provincia, doctor Enrique Estévez De León, podría ser víctima de una acción criminal al igual que familiares cercanos a éste por parte de individuos vinculados al crimen organizado.
Dijo tener conocimiento de que al magistrado y familiares cercanos se les está dando seguimiento en cada lugar adonde estos frecuentan.
Reveló que el jueves 21 de este mes, a las 8:30 de la noche, una persona aún no identificada por las autoridades se presentó a la clínica donde había dado a luz la esposa del magistrado Estévez de León, “logrando penetrar en la habitación de la clínica donde estaba la señora y le preguntó si era la mujer del fiscal Henry Estévez y si la criatura que estaba en la habitación era hijo de él”.
Guzmán dijo que la esposa del magistrado contestó que sí. El individuo le habría dicho a la señora que “le hiciera saber a Henry Estévez que ellos tienen cuentas pendientes por resolver y que él tendrá que pagar por ello.
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“No se logra entender cómo existiendo una seguridad en esa clínica, a esa hora de la noche, este sujeto penetrara a la habitación donde ella y su bebé se encontraban sin que fuera observado ni por el vigilante ni por ninguna de las personas que trabajan para esa clínica”, expresó el abogado.
Los informes
Dijo que, previo a esta amenaza directa, le había advertido al magistrado que, ante informaciones que había recibido, tenía que protegerse porque poseía informes de que personeros del narcotráfico, molestos con sus actuaciones, podrían atentar contra su vida. Dijo que para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se trata de una situación sumamente grave. “El crimen organizado le ha venido ganando la partida a los que deben perseguirlo y castigarlo, razón por la cual nosotros solicitamos al procurador Francisco Domínguez Brito, así como al jefe de la Policía Nacional, Manuel Castro Castillo, que se profundice en la investigación de lo ocurrido”.
Dijo que, previo a esta amenaza directa, le había advertido al magistrado que, ante informaciones que había recibido, tenía que protegerse porque poseía informes de que personeros del narcotráfico, molestos con sus actuaciones, podrían atentar contra su vida. Dijo que para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se trata de una situación sumamente grave. “El crimen organizado le ha venido ganando la partida a los que deben perseguirlo y castigarlo, razón por la cual nosotros solicitamos al procurador Francisco Domínguez Brito, así como al jefe de la Policía Nacional, Manuel Castro Castillo, que se profundice en la investigación de lo ocurrido”.
“Nosotros entendemos que al magistrado y a sus seres más queridos les vienen dando seguimiento, esas cosas no son casuales. El Este del país se ha convertido en una guarida del sicariato”, concluyó Guzmán.
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