SAN PEDRO DE MACORIS El Primer Tribunal Colegiado de San Pedro de Macoris, Compuesto por las Juezas Kenia del Pilar Tavarez Henríquez Haydeliza Ramírez Henríquez y Esmirna A. Ventura,aplaqzaron para el jueves 28 el juicio seguido a seis implicados en la muerte de varios chóferes del transporte público, que tras secuestrarlo lo mataban y lanzaban a una fosa en Juan Dolio.
Por lo avanzada de la hora y lo extensa que es la investigación y acusación que fue realizada por la Fiscal Carmen Mohammed, siendo llevada la fase de litigación por los fiscales Claudio Cordero y Chanel Dessi Gómez.
Hay 24 testigos, más pruebas materiales, documentales e ilustrativas.
Los imputados Hugo Antonio Zorrilla Alfonseca, Luz Divina Martínez Pimentel, Janser Peralta Mercedes, Radhamés Ramírez Rodríguez, Jaime Valentín Encarnación Figuereo (Jay), y Samuel de Jesús Fortuna Peña (Samuel o Bocio), quienes desde el pasado año cumplen prisión preventiva en diferentes centros penitenciarios del país por su vinculación a esos crímenes.
El grupo es acusado de haber ocasionado la muerte a los chóferes Vidal Dionisio Berroa Manzueta, Jary Wilson Rodríguez, Germán Arredondo Quezada y David Polanco, hechos que indignaron y consternaron a toda la población dominicana.
La Procuraduría Fiscal de San Pedro de Macorís, encabezada por su titular Pedro Núñez Jiménez, acusa al grupo de violar los artículos 59, 60, 61, 62, 265, 266, 267, 295, 296, 297, 298, 302, 303, 303-4 numerales 9, 10 y 11, 379, y 382 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 39 de la antigua Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas.
El expediente establece que el modo de operación de los inculpados consistía en utilizar maniobras fraudulentas para ubicar a determinados vehículos que eran solicitados con ciertas especificaciones por las personas que tenían a cargo, posteriormente, la venta de los mismos.
Indica que los imputados lograban convencer a los chóferes de forma amigable para que se fueran con ellos tras proponerles que necesitaban un vehículo para trasladar pasajeros de la localidad de Juan Dolio al municipio de Ramón Santana, pagando muchas veces por adelantado más de la mitad de lo pactado.
Explica que de esa forma se inició una cacería de vehículos que dejó sin vida al menos a cuatro personas y en estado de “shock” a varias víctimas que pudieron sobrevivir a los hechos.
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