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| PABLO VICENTE |
POR
PABLO VICENTE
La descentralización constituye la oportunidad para que las
administraciones locales diseñen políticas públicas acordes a las necesidades
reales de sus moradores, y para que establezcan relaciones coordinadas entre
los diversos ámbitos de gobierno y por lo tanto procuren el fortalecimiento de
la gobernanza local.
Cuando hablamos de descentralización hablamos de un proceso
multidimensional que tiene dinámicas políticas, fiscales y administrativas. En
términos generales, y como lo explica Finot (2001), se define como un proceso
de trasferencia organizada y ordenada del gobierno nacional o central a otra
autoridad o institución subnacional o local, con atribuciones gerenciales y
capacidades para administrar recursos humanos, económicos y financieros
regionales, departamentales o municipales, con el fin de mejorar la eficiencia
del Estado en cuanto a la redistribución social, con programas que enfrenten la
pobreza, aumenten la participación ciudadana y reduzcan la corrupción; en
definitiva, tiene el propósito de lograr mayor gobernabilidad democrática.
Asumir un proceso de descentralización implicar el
cumplimiento de metas nacionales, muchos países han acogido la Agenda 2030 como
una prioridad nacional. Por ello, actualmente se impulsan proceso de transversólización de la política pública a través de ejercicios de
alineamiento utilizando entre otros, Planes
estratégico con énfasis en la planificación nacional y regional, con
ello se busca articular políticas, estrategias, programas y proyectos según las
prioridades nacionales y potenciando la participación de las autoridades y
sobre todo del tejido social.
Desde esa perspectiva, en el marco del desarrollo de la
política pública, el desarrollo local emerge como la manera más adecuada de
fomentar la realización plena de los derechos de los ciudadanos.
En ese escenario el municipio se transforma en el primer
ámbito de relación entre el ciudadano y los servicios, entre los ciudadanos y
las autoridades; entre el ciudadano y el Estado. Las autoridades locales son el
ámbito primario de actuación del poder, en el marco de la estructura
sociopolítica del país. Al mismo tiempo, el municipio se convierte en el actor
privilegiado para modular las intervenciones orientadas hacia el cierre de las
brechas. Por lo tanto, si en ese escenario no se registra una adecuada relación
ciudadanía-estado-participación-desarrollo, se reduce el fortalecimiento de la
democracia y los derechos de la población.
El acercamiento del Estado a las comunidades, vía el
municipio, representa un beneficio directo para la ciudadanía, que cada vez más
conoce, reconoce, demanda y defiende sus derechos a través de mecanismos
democráticos de control social.
El proceso de descentralización tiene como ejes relevantes
la sostenibilidad democrática, la transparencia de la gestión pública, el uso
adecuado de los recursos públicos y la eficiencia del aparato político y
administrativo del Estado.
En este sentido, la descentralización se orienta a mejorar
la planeación local, para solucionar las necesidades reales de las poblaciones,
buscando la corresponsabilidad de la sociedad civil con una participación
dirigida tanto a apoyar las decisiones de los gobiernos en programas y
proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida, como a la elaboración de
propuestas para perfeccionarlos. Por ende, es necesario que los gobiernos
estatales y municipales le den a la
descentralización el peso que tiene en la planeación y diseño de políticas
públicas con la colaboración social, lo que sólo se logra manejando relaciones
intergubernamentales que permitan una acción coordinada.
Para alcanzar una gestión pública eficiente en el ámbito
local, la descentralización transparente, acompañada del fortalecimiento de la
participación ciudadana es un hito importante. Es decir, descentralizar la
política pública permite fortalecer la dimensión provincial, municipal y local
que es donde se observan y sitúan las brechas que facilitarán el cumplimiento de
los planes nacionales y desde luego el cumplimiento de la agenda 2030.
El autor es Dominicano, Abogado. Gestor Social. Presidente
de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL) y de la Red
Latinoamericana para el Desarrollo Democrático (REDLADD)
@pablo_vicente
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