“Magistrados”, dijo, dirigiéndose a los jueces, “vengo con la firme voluntad de irme en extradición para responder por los cargos que se me imputan”, expresó De la Cruz Morales, tras dejar claro que tomó la decisión sin haber sido forzado por presión alguna.
De la Cruz Morales es propietario de las tres estaciones de combustibles en su pueblo, donde fueron encontrados 4.3 millones de dólares, vehículos de alta gama, armas de altos calibres y apartamentos lujosos.
Estuvo implicado en el decomiso de 1,786 kilos de cocaína en Puerto Rico el 2 de noviembre de 2016
Era el jefe de operaciones de la estructura y un lanchero con experiencia dedicado a organizar viajes ilegales, pero, según el Ministerio Público, hace más de una década entró al mundo de las drogas hasta convertirse en uno de los narcos más importantes de la región Este.
Se trata de Erick Randhiel Mosquea Polanco, Juan Carlos Mosquea Eduardo, Kelvin Alexander Torres Bueno, Alberto de Jesús Polanco, Alberto Enmanuel de Jesús Polanco y Osiris Medina Díaz.
Según fuentes vinculadas a la investigación, Mosquea Polanco, el cabecilla de la red; Mosquea Eduardo, Torres Bueno, los hermanos de Jesús Polanco, y el imputado Osiris Medina, portan armas de distintos calibres, son “individuos violentos y muy peligrosos”.
Según se ha informado, las autoridades advierten a los prófugos que son buscados activamente por unidades élites y de reacción de agencias de inteligencia del Estado.
También se les recuerda que al momento de su persecución o captura no deben resistirse al arresto.
Precisamente, una fuente informó que. tras la persecución, se entregó a las autoridades Enerio Sandoval, uno de los integrantes de la estructura criminal.
Los órganos de persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Santiago recordaron que cualquier persona que obstaculice o prevenga la aprehensión de los implicados en el caso Falcón se expone incluso a ser procesado por complicidad en Estados Unidos por ayudar a un imputado a evadir la justicia o por incitar a hacerlo.
Indicaron que el sistema de justicia de Estados Unidos establece que un cargo criminal de “complicidad” se puede presentar contra cualquier persona que ayude en la comisión de un delito o que, al conocerlo, antes o después de su consumación, ayude al imputado mediante asesoramiento, acciones o apoyo financiero.
Dependiendo del grado de participación, la imputación puede elevarse al nivel de conspiración. En ese contexto, explicaron que para ser procesado por complicidad el sistema judicial estadounidense solo requiere acreditar que el acusado sabía que una persona había cometido un delito o que ayudó con su consumación o en el diseño específico de obstaculizar o prevenir la aprehensión, el juicio o el castigo de una persona perseguida o bajo procesamiento.
Hasta el momento, a la red de lavado de activos se le ocuparon unos 130 vehículos, incluyendo tres blindados, así como una embarcación pequeña y una grande. También, alrededor de 4.9 millones de dólares en efectivo y más de 22.7 millones de pesos.
También, costosos relojes de lujo, decenas de inmuebles, siete estaciones de combustibles y varias fincas, incluyendo una de banano.
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