MANUEL A. VEGA
EL SEIBO.- El segundo tribunal colegiado de El Seibo, ratificó una condena de 20 años de prisión y una indemnización de un millón de pesos a favor del Estado Dominicano contra dos narcotraficantes Hatomayorenses que habían logrado que la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís le anulara una sentencia similar que había evacuado el tribunal colegiado de Hato Mayor.
Los condenados son José Hernández (Pachico) y su sobrino Juan Manuel Márquez Hernández, quienes en días pasados escenificaron un escándalo nacional, al lograr que militares de la cárcel pública de El Seibo, los sacaran en una ambulancia a participar de una fiesta en una finca ubicada en Miches propiedad del primero.
Ambos, habían sido favorecidos con la anulación de una sentencia que lo había condenado a 20 años por el tribunal colegiado del juzgado de Primera Instancia de Hato Mayor, que lo encontró culpable de traficar con 236.70 kilogramos de cocaína clohidratada.
El segundo tribunal colegiado estaba integrado por los magistrados Julio César Severino y Mayobanex Ventura, mientras que el ministerio estaba representando por la fiscal adjunta de Hato Mayor, la magistrada Kenia Romero.
Fungieron como testigos la fiscal adjunta Ynés Bruno Tejada, el coronel Luis Castillo García y el mayor Raúl de los Santos, ambos pertenecientes a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y, quienes participaron en el operativo donde se les ocupó la droga a los procesados.
José Hernández (Pachico) y Juan Manuel Márquez Hernández, fueron hecho preso el 20 de diciembre del año 2006 cuando transportaban el alijo de cocaína en una camioneta, hecho registrado en la comunidad de Magua, ubicada 20 kilómetros al este del costero municipio de Sabana de la Mar.
En esa ocasión se dijo que la droga fue lanzada desde una avioneta que hizo un vuelo rasante en una finca propiedad de José Hernández (Pachico), la cual supuestamente procedía de la frontera Colombo-Venezolana y que tenía como destino a los Estados Unidos.
OPINION DEL FISCAL
Tras conocerse la decisión del segundo tribunal colegiado, condenando a 20 años de prisión y al pago de una indemnización de un millón de pesos, el fiscal de Hato Mayor, Manuel Emilio Santana Montero, ponderó la unidad y la armonía que existe entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), lo que a su juicio permitió la condena.
“La unidad monolítica que existe entre la DNCD y la fiscalía de Hato Mayor, no permite que el crimen organizado gane terreno en esta ciudad”, dijo en declaraciones a este medio.
Al mismo tiempo, el fiscal de Hato Mayor agradeció el respaldo recibido por Radhamés Jiménez Peña, procurador General de la República y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, mayor general Gilberto Delgado Valdez, de quien dijo le prestaron siempre su total colaboración.
Explicó que con esa condena, se “envía un claro mensaje de que la sociedad dominicana y sus autoridades no permitirán que el narcotráfico se apodere y secuestre a esta patria de Duarte, de Sánchez y de Mella”.
Hato Mayor es la ciudad de la región Este donde más personas se ha condenados por trafico y venta de drogas narcóticas, lo que se atribuye a la dureza de las autoridades judiciales, sobre todo el ministerio público, que ha actuado sin contemplación contra el narcotráfico y el crimen organizado.
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