Olivo De León y Aurelio Henríquez, secretario general del SNTP y presidente del CDP, respectivamente, afirmaron que los dos gremios acogen plenamente el postulado de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) que establece que “no puede haber libertad de prensa si los periodistas ejercen su profesión en un entorno de corrupción, pobreza o temor”.
Y precisamente esta situación se da en nuestro país, hay corrupción, pobreza y temor en el ejercicio del periodismo, por lo que, aunque se dan ciertas libertades en nuestros medios de comunicación, está son libertades limitadas.
Para muestra basta un botón, reza el refrán, y como botones tenemos varios, pues sobre todo en los mese más recientes, se han adoptado medidas tendientes a callar voces críticas, disidentes o diferentes a las que determinadas autoridades les gustaría oír. Nos referimos al cierre de cuatro canales de televisión en el último mes.
Estos son, el canal 53 de Santiago de los Caballeros, Caña TV y canal 18 de La Romana , y el canal 12 de Sabana de La Mar.
El canal 53 de Santiago, fue cerrado y sus equipos de microondas y transmisión incautados, el 26 de marzo, por una disposición administrativa del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), sin que existiera ninguna decisión de ningún tribunal. Se argumentó que ese canal transmitía sin el permiso correspondiente de Indotel y que no es propiedad de Víctor Tejeda, quien figura como dueño.
En tanto que Aster TV, empresa de cable que auspicia la señal de decenas plantas televisoras en el país y que regentea el gobierno, por ser parte de los bienes incautados al banquero Ramón Báez Figueroa, dispuso, el 19 de abril, sacar del sistema de cable a Caña TV, de La Romana , en el horario del espacio “La Voz de la Verdad ”, que produce Silvestre Abréu a partir de las dos de la tarde, por un conflicto que mantiene con el procurador fiscal de esa localidad.
Lo mismo se dispuso el 21 de abril con el programa que mantenía en este medio el productor Eriberto Marte, opositor del gobierno y candidato a diputado por el Movimiento independencia Unidad y Cambio (MIUCA).
Lo propio ocurrió el 21 de abril con el canal 18, también de La Romana , cuya programación fue sacada del sistema de cable y por tanto del aire, por disposición de Aster TV, debido a sus duros pronunciamientos contra el gobierno. El arrendatario de la programación de ese medio es Eriberto Marte, el mismo afectado por el cierre de su espacio en Caña TV.
En tanto que el 22 de abril fue ocupado militarmente Zona TV Canal 12 de Sabana de La Mar , paralizando sus transmisiones y la producción de su programación durante ocho días.
Según las informaciones suministradas a nuestros gremios, el hecho se produjo por un embargo de parte del Banco Ademi, debido a que el propietario del canal había servido de fiador solidario de una persona que tomó un préstamo y no pagó, por lo cual se tomó ese medio como propiedad y sólo pudo continuar la transmisión de su programación cuando se llegó a un acuerdo de pago.
Tanto el SNTP como el CDP afirman que con estas medidas, el gobierno afecta a unos 17 periodistas con programas en el canal 53, además de los camarógrafos, editores, productores, locutores y otros empleados de ese medio de comunicación, así como a otros periodistas y trabajadores de los canales 18 y Caña TV de La Romana y el canal 12 de Sabana de La Mar.
Esta situación significa un gran retroceso en materia de libertad de prensa y derechos laborales de los trabajadores de medios, en un contexto de crisis económica global que ha significado despidos masivos en algunos medios de comunicación, tales como Multimedios El Caribe-CDN y CDN La Radio , el periódico Clave y Clave Digital y Telesistema canal 11, donde 60 personas quedaron sin empleos.
Precisaron que de multimedios El Caribe fueron despedidos 32 empleados, otros 17 de Clave y 11 de Telesistema.
Formularon un llamado al presidente Leonel Fernández y al procurador general de la República , Radames Jiménez, para que dispongan la reapertura de esos medios y destituya a los funcionarios que han ordenado el cierre de los canales de televisión y el bloqueo de los programas.
Sostuvieron que esa actitud coloca al gobierno fuera de la ley, pues permite que sus funcionarios adopten medidas administrativas inconstitucionales, totalmente fuera del Estado de Derecho, que determinado departamento condene a una persona o institución y le imponga penas sin pasar por ningún tribunal judicial.
Asimismo, afirmaron que cerrando canales de televisión y otros medios, se está violando la Constitución de la República , la ley 6132 sobre libre expresión y difusión del pensamiento,
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