El capitán del Ejercito Nacional Ernesto José Peguero Mota, incluido entre los oficiales y subalternos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional interpelados por la Junta de Investigación que designara el Ministerio Público para indagar sobre los implicados con la red de narcotráfico dirigida por el capo boricua José Figueroa Agosto, afirmó que demandará al director de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Rolando Rosado Mateo, por implicación ilegítima. Al ser entrevistado este lunes en El Gobierno de la Tarde, de la Z101, el capitán Ernesto Peguero Mota, aseguró que él, junto a otros oficiales, demandarán a Rosado Mateo, porque éste se dejó mal asesorar y “se dejó llevar del momento”, ya que en los resultados de la investigación lo que hicieron fue inlcuir un grupo de nombres en la lista de cómplices para abultar el paquete que quería presentar al Ministerio Público con los resultados del proceso de investigación del caso Figueroa Agosto.
Según denunció el capitán retirado, Rolando Rosado Mateo y el ex jefe de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, tratan de “tapar” algunas personas vinculadas directamente con la red de narcotráfico en el país de Junior Cápsula, poniéndolo, junto a otros 12 oficiales más, como “chivos espiatorios”.
Declaró que su implicación se produce luego que se conociera en medio del interrogatorio que le hizo dicha Comisión que él y el mayor del Ejército Nacional Roberto Soto Feliz, quien también fue expulsado de la institución, tenían una estrecha relación de amistad, por lo que ahora se está asesorando con su abogado para denunuinciar al jefe de la DNCD.
Les explicó: “En mi caso particular, estuve trabajando en el Aeropuerto Internacionalde de Punta Cana hace un tiempo junto a la DNCD, y a raíz de ciertas proposiciones indecorosas que me hicieron me ví obligado a renunciar”, afirmó Peguero Mota, aunque no reveló cuáles ni de dónde procedían las supuestas proposiciones.
Dijo que durante el interrogatorio realizado por la referida comisión, no fue cuestionado de ningún tema relacionado con el narcrotraficante puertoriqueño Figueroa Agosto, ya que por el contrario las preguntas fueron alusivas al caso de la incautación de tres maletas con 52 paquetes de cocaína con un peso de 56 kilos, hecho que ocurrió el pasado 7 de mayo, en el Aeropuerto de Punta Cana.
Detalló que fue amenazado varias veces, y aunque tampoco dijo por quién o quiénes, declaró que fue avisado de que la Policía Nacional ya tenía conociemiento de importantes informaciones y fuentes de que supuestamente los oficiales asigandos en el Aeropuerto de Punta Cana dejaban entrar droga a territorio dominicano.
Entre las consideraciones de la investigación que realizó la comisión, compuesta por el coronel José Altagracia Taveras Martínez, del Ejercito Nacional; coronel Roberto Abreu Peña; el coronel Máximo Aybar y el coronel Jonny de Villanueva, ambos de la P.N., se estableció que los oficiales investigados violentaron con su conducta disposiciones legales en el ejercicio de sus funciones.
También se determinó que dichos alistados actuaban en complicidad con miembros de organizaciones dedicadas el narcotráfico internacional radicadas en territorio dominicano, pero todo fue desmentido por el capitán Ernesto José Peguero Mota, porque no hay -según él- “nada en lo absoluto que los implique en dichas acusaciones”.
Junto al capitán Ernesto Peguero Mota, también fueron investigados el teniente coronel del Ejercito Nacional, Alfredo Vargas Herrera; el mayor de la Policía Nacional, Víctor Enrique Liriano Fernández; los capitanes de la P.N., José Manuel Helena Ramírez y Luis Alfredo Báez Ortiz; el sargento Darwin Ovidio Rodríguez Disla, E.N., y los cabos Algenis Buathis Soriano, E.N. y Samuel Moisés Bautista, de la Marina de Guerra, algunos de ellos adscritos a la DNCD.
Además, los mayores del Ejército Nacional Roberto Soto Feliz y Juan Ramón Aquino Rodríguez, y de la Fuerza Aérea, Aneury Rodríguez Rodríguez; el segundo teniente Arnulfo Encarnación Medina, del Ejército y el Agente de la DNCD, Samuel Moisés Bautista; quienes luego de ser investigados por la comisión, supuestamente se determinó que todos, amparados en su condición de militares, incurrieron en prácticas contrarias al cumplimiento de sus deberes relativos al servicio, por formar parte de una red dedicada al tráfico internacional de drogas.
Según habría afirmado el mayor general Rolando Rosado Mateo, por medio a su portavoz, el coronel Ramón Alcides Rodríguez Veras, la Comisión manejó pruebas contundentes que determinaron la vinculación de estos oficiales con Figueroa Agosto, pero ahora Ernesto se defiende al afirmar su única vinculación es “la solidaria amistad que tiene con el mayor del Ejército Soto Feliz.
Luego de una exhaustiva investigación que conllevó labores de inteligencia y vigilancia, la Comisión que realizó decenas de interrogatorios y revisión de historiales militares y policiales, reveló que entre las pruebas de las que se valieron para culpar a los más de 12 implicados están algunas grabaciones telefónicas, testimonios, interrogatorios, pruebas ocumentales, mapificaciones del uso de sus teléfonos móviles y depósitos extraños de altas sumas de dinero en cuentas personales de algunos de los implicados.
En ese sentido, al revelar las supuestas implicaciones, la Comisión reconmendó al Ministro de las Fuerzas Armadas y al ex jefe de la Policía Nacional, la cancelación y expulsión de cinco oficiales superiores, cuatro oficiales subalternos y otros tres militares de menor rango, por evidenciarse su mala conducta y la comisión de faltas graves debidamente comprobadas que los vinculan a la red de narcotráfico internacional dirigida por el reconocido capo boricua Figueroa Agosto.
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