SANTO DOMINGO.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que en enero del 2001, primer mes del año, ocho periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron acosados, agredidos y maltratados.
Olivo De León, secretario general del gremio, informó que el 99 % de esos casos, los agresores fueron agentes de la Policía Nacional, por lo que pidió al jefe de esa institución, mayor general José Polanco Gómez y al procurador general de la República, Radhamés Jiménez, intervenir para detener esas acciones.
Entre las agresiones de enero, De León citó el caso de Onelio Domínguez, foto-reportero del Listín Diario y Noel Blanco, chófer de redacción de este mismo medio en Santiago de los Caballeros, quienes fueron apresados y desconsiderados por dos agentes policiales cuando éstos compraban comida en un negocio de Santiago la noche del 13 de enero.
Olivo De León, secretario general del gremio, informó que el 99 % de esos casos, los agresores fueron agentes de la Policía Nacional, por lo que pidió al jefe de esa institución, mayor general José Polanco Gómez y al procurador general de la República, Radhamés Jiménez, intervenir para detener esas acciones.
Entre las agresiones de enero, De León citó el caso de Onelio Domínguez, foto-reportero del Listín Diario y Noel Blanco, chófer de redacción de este mismo medio en Santiago de los Caballeros, quienes fueron apresados y desconsiderados por dos agentes policiales cuando éstos compraban comida en un negocio de Santiago la noche del 13 de enero.
Los agentes, que transitaban en una motocicleta, agredieron verbalmente, desafiaron a pelear y condujeron detenidos a un cuartel a Domínguez y a Blanco, quienes fueron liberados por el oficial de turno, aunque justificó la actitud desconsiderada, abusadora y atropellante de los policías diciendo que se debía a que estaban trabajando desde las seis de la mañana y que estaban molestos.
Asimismo, el secretario general del SNTP citó el caso de Danilo Barceló, reportero gráfico del canal 3 de Boca Chica, quien fue agredido por un agente de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) que le quitó su cámara de televisión y le sacó el vídeo, con el cual se quedó.
Explicó que el abuso contra el reportero gráfico ocurrió el miércoles 26 de enero, en el momento en que éste filmaba la caída de un menor de edad de un vehículo, supuestamente provocada por el agente de la AMET.
También recordó los atropellos sufridos por la periodista María Esperanza Ceballos, de CDN canal 37, durante la celebración del Día del Poder Judicial, el 31 de enero, a quien agentes al servicio de la seguridad del presidente Leonel Fernández le impedían la entrada al edificio de la Suprema Corte de Justicia porque tenía un sticker en su cartera exigiendo el 4% del Producto Bruto Interno para la Educación, tal como lo establece una ley.
Dijo que Ceballos fue tratada como una terrorista, requisada por varios agentes, trataron de obligarle a retirar el sticker de su cartera, interrogada, mantenida de pie e impedida de entrar a la edificación durante un tiempo.
Olivo De León además recordó el caso de Francis Frías Morel, director de la emisora de radio Cabrera FM, del periódico digital Prensa Libre Nagua y co-productor del programa "El Desahogo", junto a Fidias David Cuevas, que se transmite de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la emisora Trébol FM 99.3, quien fue herido por los tiros disparados por la Policía Nacional en Nagua, por lo que tuvo que ingresar a un centro asistencial, el 28 de enero.
Frías, dirigente del SNTP en la provincia María Trinidad Sánchez, recibió disparos en el abdomen y sobre el ojo izquierdo mientras cubría las incidencias de un recorrido de una multitud por varias calles del municipio de Nagua, previo a sepultar el cadáver de Luís Alfredo Domínguez, ultimado por agentes policiales el miércoles 26 de este mes.
La Policía de Nagua se sentía incómoda con varios periodistas porque contrariaron el argumento de esa institución en el sentido de que Luís Alfredo Domínguez había sido muerto durante un intercambio de disparos, donde además resultó herido el joven Henry Ortíz.
Otro caso es el del periodista Juan Francisco Morel (Correcaminos), quien fue amenazado por un capitán de la Policía conocido como "El Menor" porque el comunicador social filmaba cuando el oficial encabezaba el desalojo de un grupo de campesinos de unos terrenos en el municipio de Cabrera, el miércoles 26 de este mes de enero.
Recordó que el oficial le dijo a Morel que no lo filmara, que su cuerpo era de él y que si lo hacía le rompería la cámara hasta por encima del jefe de la Policía.
En nota de prensa remitida a Diariolibre.com De León también denunció el caso de Raúl Moreno Cárdenas, corresponsal del canal 5 y 15 de Telemicro, quien el 14 de enero fue amenazado de muerte por agentes miembros del departamento de la Dirección de Drogas en Cotuí, por las informaciones publicadas sobre supuestas complicidades de los agentes con los vendedores de drogas de esa provincia.
De León también citó el caso del periodista Darío Mañón, director de Relaciones Públicas del Hospital Darío Contreras, quien fue agredido por un hombre identificado como Rafael Tejada con una puñalada en el costado izquierdo que se reveló contra todo el mundo en el centro asistencial este primero de enero.
Fue necesario que un empleado del centro médico introdujera un dedo en la herida del joven agresor para que liberara al comunicador a quien sacudió hasta casi tirarlo al suelo, luego de destruir el cristal del área de pago de servicios y una buena dosis de gas pimienta que también llevó el agredido y su defensor por parte de seis agentes policiales y tres oficiales que no lograron detener la agresión contra el periodista.
Olivo De León calificó de excesivos los casos de agresiones contra periodistas, camarógrafos y fotógrafos durante los primeros 30 días del año y consideró fundamental la intervención del jefe de la Policía Nacional, mayor general José Polanco Gómez y del procurador general de la República, licenciado Radhamés Jiménez, para detener la multiplicación de estos hechos, dada la alta incidencia de policías en ellos.
Planteó la necesidad de salvaguardar las libertades públicas, los derechos constitucionales de los ciudadanos y el deber que tienen las autoridades de garantizar su aplicación y respeto y los ciudadanos de toda índole de colaborar en esto.
Recordó que es evidente la violación de la ley 6132 de Libre Expresión y Difusión del Pensamiento en estos casos, la Constitución de la República, la Ley 10-91, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras legislaciones.
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