Manuel Antonio Vega
SANTO DOMINGO.- El conflicto por la
tierra entre la Azucarera Porvenir y la Constructora Castellar, llegó ayer
lunes hasta la Procuraduría General de la República, donde organizaciones que
respaldan a la primera denunciaron en documento el desacato judicial a cinco
decisiones judiciales que favorecen la empresa de capital español.
Asimismo, las entidades firmantes
acusan a la fiscal de San Pedro de Macorís, Ingrid Pamela Rijo, de negarse a
dar la fuerza pública, para recuperar la tierra adjudicada en arrendamiento a
Azucarera Porvenir.
La última decisión judicial la
evacuó el Tribunal Arbitral del Centro de Resolución Alternativa de
Controversia de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo el 19 de
octubre pasado, donde se reconoce que Azucarera Porvenir arrendó unas 100 mil
tareas al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) que pertenecieron al ingenio
Porvenir y Santa Fe, en San Pedro de Macorís.
Denuncian que con el aparente apoyo
de las autoridades del CEA y ahora judiciales, la Constructora Castelar aún
ocupa unas 50 mil tareas que no le pertenecen.
Advierten en el documento entregado
a Francisco Dominguez Brito, que la fiscal de San Pedro de Macorís, Ingrid
Pamela Rijo, será culpable de las consecuencias que se deriven al no hacer
cumplir la ley, entregando las tierras a Azucarera Porvenir.
El documento está rubricado por
Enrique Sosa, presidente de Federación de Colonos del Este; Carlos Zorrilla, Asociación
de Colonos del Este; Bolivar Custodia del Sindicato de Trabajadores Porvenir;
Estanilao Sano, Asociación de Colonos de Consuelo; Mario Jacob Hosor, del
Centro Jesús Peregrino; Miguel Bastardo
Carrasco, Asociación Nacional de Equipos Pesados Agrícola Leandro Colón,
Sindicato Transporte Cañeros, y José Guzmán, Asociación de Colonos San Luis y
Boca Chica.
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