HATO MAYOR.- El
empresario Rafael Silvestre (Papucho Cocacola) notificó a través de un alguacil
al cabildo de Hato Mayor por haber emitido tres cheques sin fondos por un monto de RD$
676.000.00, en la pasada gestión de Amado de la Cruz, pero que se ha negado
pagar la actual gestión de Reynato de Jesús Cruz Tineo.
Los cheques emitidos
por el cabildo de Hato Mayor desprovistos de los fondos bancarios tienen como serial los números 03129, 0037231y el 0037232.
Otros prestamistas se aprestan notificar al cabildo por la emisión de cheques de cientos de miles de pesos, que se emiten por disposición del alcalde municipal. A menudos se presentan prestamistas molesto a cobrar al cabildo..
La emisión de cheques
sin fondos se hace en momento en que la Cámara de Cuentas realiza una auditoría
solicitada por la Cámara Penal del Palacio de Justicia de Hato Mayor, donde se
sigue un juicio por alegada difamación e injuria contra el periodista Odalis
Vega, que busca certificar si ciertamente hay actos de corrupción en el cabildo
local.
El cabildo de Hato
Mayor está envuelto en una maraña o bosque económico que parece no tener limpieza
por falta de transparencia.
Otro problema que
enfrenta el cabildo es que la Sala Capitular atendiendo a una petición del
alcalde, Reynato de Jesús Cruz Tineo, destituyó al tesorero municipal, que era
un profesional de la contabilidad, para poner a un abogado, que nada sabes de
números y que es prestamista y al cual se dice la actual gestión municipal y el
síndico adeudarían dinero. Se dice que el pasado tesorero fue llevado a otro puesto creado, pero con el mismo salario de cuando era tesorero, de donde fue quitado por aspirar a sindico dentro del PRD ay reclamar una deuda al sindico.
Las obras que ejecuta
la entidad no son licitadas ni publicadas en la prensa como establece la Ley
176-07 de Organización Municipal, sino cedida de grado a grado, donde se
denuncia está el gran negocio.
Además para
construirlas se accede a préstamos bancarios, a pesar de llegar más de 6
millones de pesos mensuales, como ocurrió con el parque de Las Malvinas, que le
costó RD$ 6.8 millones solicitado al Banco de Reservas.
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