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| WILLIAM CHILENA |
MANUEL ANTONIO VEGA
HATO MAYOR.- El juez de la
instrucción Víctor Manuel Pérez Fragoso impuso un año de prisión como medida de
coerción contra dos hombres, acusado de supuestamente matar a un hacendado y
enterrarlo en medio de un cacaotal en la comunidad de Magua, a 20 kilómetros al Este de Sabana de la Mar.
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| JOHYAN TRINIDAD |
Los procesados son Manuel
Antonio Figueroa Trinidad (William Chilena), de 42 años y Kelin Johan Laureano
Trinidad, de 36 años, hermano y sobrino de la víctima José Figueroa, quienes destrozaron
a machetazos y luego ocultaron su
cadáver debajo de una pila de cacao picado y al lado le mataron una perra, para
despistar a los investigadores.
Se dijo que la muerte tuvo
como móvil robarle y luego desaparecerlo para quedarse con la tierra heredada
de su madre, que no fue identificada.
Tras el asesinato de su pariente, sus actores abandonaron la comunidad cruzando montañas hasta salir por la comunidad de Vicentillo al sur de Magua, donde le dieron muerte.
Tras el asesinato de su pariente, sus actores abandonaron la comunidad cruzando montañas hasta salir por la comunidad de Vicentillo al sur de Magua, donde le dieron muerte.
José Figueroa, 52 años
residente en el sector Puerto Rico de Hato Mayor presentaba signos de
violencia, presuntamente atacado a machetazos.
Su cuerpo fue levantado por el
legista, Santini Calderón Gaston, quien autorizó el envío del cadáver al
Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para determinar la real causa de muerte, a
través de una autopsia.
Se dijo que Figueroa tenía
unos 15 días había salido de su casa en Hato Mayor para su propiedad en Magua.
Entre las hipótesis
preliminares las autoridades policiales presumen que fue asesinado para
robarle.
También se dijo que fue atacado
mientras picaba el cacao y que lo habrían despojado de un dinero que cargaba producto de la venta
de unos cerdos y cacao.
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| LA VICTIMA JOSÉ FIGUEROA |
Los supuestos asesinos
purgarán la decisión judicial en la cárcel pública de El Seibo, por no existir
en Hato Mayor un recinto para albergar los reos procesados en los tribunales
locales.
La fiscal actuando fue Inés Bruno Tejada, quien solicitó al juez un año de medida de coerción, petición acogida por el juez Víctor Fragoso.
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