Jeremy Jiménez, quien laboraba junto a Alexandra Torres, Virginia Torres García y José Montilla, estos tres prófugos, fue detenido e investigado y puesto en libertad, dijo que trabajaban como seguridad en una casa de concreto de dos niveles propiedad del empresario Aracena, la que utilizaba como oficina.
Indicó que fueron desalojados de la casa por el CEA utilizando militares, la cual fue derribada y, que los equipos de oficina como escritorios, armarios, archivos, una caja fuerte con documentos, así como ligadoras de concreto y soldadoras, le fueron donados por las autoridades del CEA y ellos procedieron a venderlos.
El doctor Leonardo Sánchez, señaló que la ordenanza número 201000409 paraliza todo tipo de trabajos en esos terrenos, donde existe una astreinte de 20 mil pesos diarios que a la fecha está en varios millones de pesos, pero que el CEA ha desacatado en todas sus partes dicha sentencia y no ha hecho efectivo el pago y, continúa trabajando en los terrenos.
Sostuvo que los equipos pesados como, palas, tractores, gredar, camiones y ligadoras de concreto, fueron sacados de los terrenos por el CEA y llevados a otro lugar.
El abogado se quejó porque luego de esas condenas que han sido desacatadas, el expediente del caso ha desaparecido de los tribunales de Tierra Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís, de la Corte de El Seibo y de la Suprema Corte de Justicia y, que han solicitado del Consejo del Poder Judicial la localización del expediente.
Dijo que además el abogado del Estado doctor Fermín Casilla Minaya, desacato las sentencias 543/2008 y 143/2014 que ordena la puesta en posesión de unos terrenos vendidos por Banrreservas, al empresario Diógenes Aracena y este a su vez lo vendió a inversionistas extranjeros.
Solicitan la intervención del procurador general de la República, del presidente de la Suprema Corte de Justicia y el abogado del Estado doctor Gedeón Bautista
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