MANUEL ANTONIO VEGA
SAN PEDRO DE MACORÍS. El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, de San Pedro de Macorís, Francisco Antonio Arias, aplazó para el viernes a las 5:00 de la tarde el conocimiento de medida de coerción a Ángela Álvarez (Lila), y otros implicados, acusado del rapto y posterior muerte del comerciante José Rivera Boyer, encontrado enterrado en un cementerio, de esta provincia.
La acción seguida a la mujer y dos implicados más se postergó, luego que otro de los implicados se entregara hoy a las autoridades judiciales y policiales de San Pedro de Macorís, a través de la Comisión de los Derechos Humanos.
También se está a la espera de los resultados clínico hecho por una psiquiatra a la implicada, a solicitud de los abogados de la defensa, en la audiencia pasada.
Lila, como es conocida la encartada fue presentada hoy por ante un profesional de la conducta humana.
Una fuente ligada a las investigaciones del caso, confió a Diario Libre, que la mujer habría revelado en una de sus declaraciones, que la idea era secuestrarlo para pedir una indemnización, pero que “los muchachos se pasaron de contento y lo mataron”.
La misma fuente, dijo que ya familiares habían avanzado unos 45 mil pesos a la cuenta de una mujer, que no se identificó.
“El me maltrataba y yo era quien cocía las ropas que el vendía, que luego se quedaba con el dinero, haciendo que yo cogiera prestado para mantener abierto el taller de costura”, reveló a los investigadores Ángela Álvarez (Lil), quien cambia de razonamiento cada vez que habla.
El secuestro, muerte y enterramiento del cadáver fue develado a las autoridades por el sordomudo, Rafael Vásquez Morla, primo hermano de Lila, a través de un intérprete.
El cuerpo del comerciante fue localizado después que un mudo develara la acción criminal a los investigadores, que utilizaron a un intérprete.
Los encartados para conocerle la medida son Ángela Álvarez, su primo Rafael Vásquez Morla y otras dos personas, no identificadas por el momento,
La mujer, según los investigadores policiales y familiares de la víctima, ordenó ejecutar a su pareja forrada de celos, odio y rencor, y porque supuestamente, al hombre el consulado norteamericano le había otorgado un visado por 10 años.
La fiscalía adelantó que aspira a un año de prisión preventiva para los implicados y que pedirá el caso sea declarado complejo, por la cantidad de involucrados y las madejas que se tejen en el mismo.
Al frente del caso están los fiscales Carmen Mohammed, Suleika Mateo y Digna Ortiz.
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