SANTO DOMIINGO.- Jesús Pascual Cordero Martínez alias Chino es un narcotraficante que logró evadir la justicia dominicana en varias ocasiones.
Fue perseguido bajo la acusación de narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas desde el 2011 siendo capturado en varias ocasiones por las autoridades, pero lograba evadir la justicia y salir de prisión, hasta su arresto el pasado el 21 de diciembre de 2015, cuando visitó la clínica Doctor Rodríguez Santos, en el sector Villa Consuelo, a la que acudió para hacerse chequeos médicos.
Cordero fue sentenciado en septiembre del 2018 por el Tribunal Colegiado de La Altagracia a cinco años de prisión luego de ser encontrado culpable de dirigir una organización criminal y de tener una fortuna de 300 millones de pesos en bienes e inmuebles, provenientes del crimen organizado.
Además, fue encontrado culpable de ser el cabecilla de una red de narcotráfico que ingresaba cocaína al país procedente de Perú, que era convertida en cocaína líquida dentro de un laboratorio que la red de Chino tenía establecido en San Cristóbal, explicó el Ministerio Público en el 2018.
Durante el juicio en contra de Cordero Martínez los fiscales a cargo de caso demostraron que este violó varios artículos de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y la antigua Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos Proveniente del Narcotráfico y Otras Infracciones Graves, así como la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas.
A Cordero le fueron confiscadas una villa en San Cristóbal valorada en 15 millones de pesos y vehículos de las marchas Lexus, Landc Cruiser, Hyundai, Kia e Infinity, entre otros bienes.
En febrero del 2016, cuando Cordero guardaba prisión preventiva, fue favorecido con una medida de prisión domiciliaria por la jueza Pilar Rufino, cuya decisión provocó una investigación de parte del Consejo del Poder Judicial. Chino argumentó ante la jueza que está enfermo de diabetes y de presión alta. Sin embargo, 21 de abril de 2016 la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó la prisión domiciliaria a Chino, quién tenía una acusación en la Fiscalía del Distrito por narcotráfico, lavado de activos y asociación de malhechores. Por tales razones, el juez Eduardo Sánchez Ortiz dispuso nuevamente prisión preventiva contra el imputado.
Pese a que Cordero fue favorecido con presión domiciliaria, este pudo ser retenido en prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, debido a otros casos que se les imputan en la jurisdicción de la provincia La Altagracia. Por esta razón, el juez Sánchez Ortiz ordenó que Cordero Martínez cumpla la medida en el mismo centro.
En diciembre del 2015, el imputado fue arrestado por un equipo de investigadores de la Policía Nacional, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN) de la Policía Nacional, así como de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), bajo la coordinación de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos. Posteriormente, se le dictó prisión preventiva.
Cordero, al momento de su apresamiento en el 2015, alegó que presuntamente no se había entregado a la justicia “porque está enfermo de diabetes y de presión alta” y pensaba que “no podía sobrevivir en una cárcel con esas condiciones de salud”, según informó la Procuraduría General de la República en dicho año. Para ese entonces Cordero estaba en la lista de los diez narcotraficantes más buscado a nivel nacional.
En ese entonces, la Fiscalía del Distrito presentó a Pascual Cordero Martínez al Cuarto Tribunal Colegiado
y solicitó a la presidencia del tribunal que variara la medida de coerción a prisión preventiva luego de que este fuera declarado en rebeldía.
En el 2012, la entonces fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, ordenó ejecutar la orden de arresto No. 675-2012, dictada por la jueza de Atención Permanente, Keila Pérez Santana, en contra de Cordero bajo la acusación de tráfico de drogas.
De acuerdo con el expediente en contra de Chino, este fue el responsable de lavar más de RD$1,000 millones provenientes del narcotráfico y de dirigir una alegada red de sicariato. Además, el Ministerio Público imputó a Cordero por el pago de más de RD$1 millón al entonces director de prisiones Mario Acosta Santos, para ser trasladado del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, a la cárcel pública de La Victoria en el 2012.
En tal sentido, Reynoso criticó que Cordero no fue llevado a juicio de fondo, sino que fue favorecido con una fianza como medida de coerción, pese a que se le acusaba por el asesinato de un exmiembro de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), por lo que fue acusado por el Ministerio Público y favorecido por la jueza Evelyn Torres.
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