Exdirectores distritales y regionales desafían ordenanza del MINERD: claman justicia ante el Tribunal Constitucional

Más de 35 Exdirectores distritales y regionales desafían ordenanza del MINERD: claman justicia ante el Tribunal Constitucional

SANTO DOMINGO. – En un acto de dignidad y compromiso con la legalidad, un grupo de exdirectores regionales y distritales del sistema educativo dominicano compareció esta semana ante el Tribunal Constitucional para la audiencia de una acción directa de inconstitucionalidad sometida por estos contra la Ordenanza 01-2020 del Consejo Nacional de Educación.

La normativa, dictada en el contexto de la pandemia, los desplazó de los cargos obtenidos por concurso público en 2018, para asignarles funciones que —afirman— no existen en el marco legal vigente.

En las escalinatas del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, cinco administrativos – docentes  símbolo de resistencia y dignidad.

Del mérito al limbo

Estos directores fueron seleccionados tras superar un proceso competitivo amparado en la Ordenanza 24-2017 y la Ley General de Educación 66-97. Tras firmar convenios de desempeño, asumieron funciones con la garantía de permanencia por cuatro años, sujeto a evaluaciones periódicas. Sin embargo, en 2020, en medio del estado de emergencia por COVID-19, fueron reubicados como “asesores técnicos” para ejecutar un plan nacional de educación a distancia.

La figura de asesoría, sin embargo, no está contemplada en el Estatuto del Docente ni en ninguna clasificación de la carrera educativa. Terminado el plan, no fueron restituidos en sus cargos, quedando en una condición laboral indefinida. Aunque siguen cobrando su salario base, están excluidos de incentivos, evaluaciones y derechos propios del escalafón docente.

¿Una ordenanza por encima de la ley?

La acción de inconstitucionalidad argumenta que la Ordenanza 01-2020 viola principios fundamentales del orden constitucional: el derecho al trabajo, la legalidad administrativa, el debido proceso, la igualdad de oportunidades y la estabilidad en los cargos de carrera.

Particularmente grave es la delegación de facultades al Ministro de Educación para nombrar sustitutos sin concurso, contraviniendo el artículo 139 de la Ley 66-97, que establece que los cargos docentes deben ser ocupados exclusivamente por oposición y méritos. La ordenanza impugnada incluso deroga de forma tácita disposiciones anteriores sin tener rango legal para hacerlo, lo que según los abogados accionantes configura un vicio de fondo.

Consecuencias de largo alcance

De ser acogida por el Tribunal Constitucional, esta acción podría devolver a sus puestos a los exdirectores removidos, pero su impacto iría más allá: sentaría un precedente decisivo sobre el alcance del principio de legalidad en la administración pública educativa. Como advierte el escrito de inconstitucionalidad, permitir la discrecionalidad en la remoción de funcionarios concursados debilita el estado de derecho, abre las puertas al clientelismo y desincentiva la profesionalización docente.

El caso también plantea un dilema institucional de fondo: ¿puede una situación de emergencia justificar la desarticulación de los mecanismos legales que garantizan el mérito y la estabilidad en el servicio público? Y si así fuera, ¿no deberían tomarse medidas transitorias que aseguren la restitución posterior de los derechos vulnerados?

El tribunal Constitucional dejo en estado de fallo está y otras 11 acciones conocidas el día de hoy miercoles 30 de abril como especifica la nota de prensa colgada en la página web de la alta corte y su página de X.

Justicia y Memoria Institucional

En un país donde tantas veces se ha cuestionado la eficiencia del sistema educativo, es paradójico que quienes fueron seleccionados por mérito hoy se encuentren relegados, mientras otros ocupan sus funciones sin haber pasado por los filtros requeridos por ley.

La lucha de estos docentes no es un reclamo nostálgico por un cargo perdido: es un llamado de alerta sobre la fragilidad de nuestras instituciones cuando el Estado se permite actuar fuera del marco jurídico. Es también un recordatorio de que la justicia no es un favor político, sino un derecho ciudadano.

Mientras el Tribunal Constitucional delibera, queda en la conciencia colectiva preguntarse: ¿qué sistema educativo estamos construyendo si los méritos se pisotean y las normas se reinterpretan según conveniencia? La educación comienza por el ejemplo, y hoy más que nunca, el país necesita que sus instituciones estén a la altura de sus leyes.