Lilian Tejeda y Manuel A. Vega
Mientras, el Concejo de Regidores del cabildo de La Romana decidió mantener la suspensión del alcalde, tras comprobar que supuestamente enfrenta otros casos por cheques sin fondos en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís
Al respecto, Adames rechazó que existan más casos de cheques sin fondos en su contra y manifestó que mantiene su confianza en la justicia y que su única opción es apelar a los tribunales superiores para evitar confrontaciones en la provincia.
“Nosotros creemos en la justicia y no vamos a hacer nada que fuera en contra de La Romana, no vamos a hacer actos violentos ni nada por el estilo”, aseguró.
Adames indicó que ya realizó el pago de los “tres” cheques en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, por lo que, asegura que no existen otros casos por resolver.
“Nosotros cumplimos, fuimos y pagamos los cheques que supuestamente eran la base fundamental de la suspensión y llevamos por acto de alguacil la certificación de que habíamos cumplido”, sostuvo el alcalde.
Asimismo, explicó que en algún momento todos los cabildos tienen que apelar por cheques sin fondos. En este sentido, refirió que el alcalde de Santiago, Gilberto Serulle, y el del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, tienen supuestamente la misma situación por montos mucho mayores.
“Serulle tiene RD$38 millones en cheques sin fondo y Roberto Salcedo tiene alrededor de RD$15 millones, o sea, todos hemos tenido que apelar a cheques futuristas, eso es normal”, precisó. Por otro lado, Adames dijo que él y su familia están pasando por un momento difícil porque esta situación le afecta tanto en el aspecto emocional como en su vida política.
Seguirá suspendido
El Concejo de Regidores del cabildo de La Romana decidió mantener la suspensión del alcalde Juan Antonio Adames Bautista (Tony), tras comprobar que afrontas otros casos por cheques sin fondos en Corte de Apelación de San Pedro de Macorís
La decisión fue tomada en una sesión ordinaria celebrada ayer, bajo estricta medida de seguridad en el cabildo local.
La concejal Dominga Familia hizo la propuesta de mantener la suspensión de Adames y de inmediato recibió la aprobación de otros siete de sus compañeros, mientras que la propuesta de la restitución de Adames, hecha por Osvaldo Cruz Báez, sólo contó con el voto de tres regidores.
En la votación se abstuvo el regidor peledeísta, Severiano Castillo.
Cruz Báez planteó que el suspendido funcionario municipal había cumplido con el pago de los cheques sin fondos y presentó una certificación del tribunal sobre el desistimiento de las personas que lo sometieron a la justicia.
Sin embargo, la concejal Dominga Familia mostró después una certificación del mismo tribunal en la que se establece que hay otros casos abiertos por la emisión de cheques sin fondos, así como por trabajo realizado y no pagado.
Por la suspensión votaron Freddy Mejía y Alejandro Ferreira, del Partido Reformista; Wanchy Medina, Dominga Familia y Zacarías Chain- Caraballo, del PLD; así como Isabel Puente de Aza, Guedalia Medina y Abraham Báez, del PRD, PTD y Fuerza Nacional Progresista, respectivamente.
Mientras que la propuesta derrotada recibió el visto bueno de Osvaldo Cruz Báez, Damaris Cruz, Ramón Rosario y Odalis Vásquez, del reformismo.
Tony Adames fue suspendido en la sesión extraordinaria celebrada el pasado 23 de septiembre, hasta que el mismo resuelva sus problemas judiciales. Tomaron la decisión amparados en el artículo 44 de la Ley 176.
La sesión inicio pasadas las 11:00 de la mañana con la exposición de la alcaldesa interina Maritza Suero, la cual en su informe denunció que alguien sustrajo la suma de RD$ 1.2 millones de la cuenta del ayuntamiento, y que las autoridades pertinentes iniciaron las investigaciones para dar con los causantes de esa acción.
El empresario Luis Alberto Castillo presentó cheques por una suma millonaria y donde pide que se sanciones al alcalde de La Romana con dos años de prisión y 500 mil pesos de indemnización.
La sesión estuvo presidida por el presidente del cabildo Freddy Mejía y la alcaldesa Maritza Suero.
La sesión fue vigilada por agentes de la Policía Nacional que requisaban a todo el que entraba a la sala del segundo nivel del edificio del cabildo de La Romana.
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