MANUEL ANTONIO VEGA
HATO MAYOR.- El pleno de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio, reunido en Hato Mayor, condenó las importaciones y venta de leche a granel en perjuicio de los productores nacionales y rechazó un proyecto de ley que cursa en la Cámara de Diputado, que busca aplicar el 20% a la fabricación de los bebidas azucaradas, en desmedro de los más pobres del país..
Claudio Fernández, presidente del organismo,
sometió los enunciados hechos por Ricardo Barceló al plenario, lo que fue
aprobado a unanimidad.
Mostraron rechazo a un proyecto de ley que cursa en
el Congreso Nacional, que busca aplicar el 20% a la fabricación de las bebidas
azucaradas, lo que perjudicará grandemente a las empresas dedicada a ese
renglón en el país.
“Este proyecto solo sirve para ser un instrumento
recaudador, porque la obesidad en el país no por asunto de bebidas gaseosas,
como se quiere hacer ver”, expuso Barceló Salas, que hizo las exposiciones y
fueron refrendadas por el plendo, integrado por 26 presidentes de Cámara de Comercio de toda la regiones y el
Distrito Nacional.
“Los autores de este proyecto de ley, están
tratando de extrapolar problemas de otros países, porque no es verdad que las
bebidas gaseosas, porque se han hechos los estudios, no producen obesidad”,
significó el empresario citrícola.
Sostuvo que con la pieza legislativa se busca
provocar un incremento a beneficio del fisco, pero en detrimento de la población.
Enfatizó que de ser aprobado este proyecto de ley,
perjudicará grandemente a la población
de menores ingresos.
“Nosotros, los que vivimos del campo, que conocemos
el campo, sabemos cómo se maneja muchas veces el hambre en el campo y barrios
marginados, donde muchas personas para desayunarse, toman un vaso de agua de
azúcar con un pan, y eso es parte de su nutrición”, reiteró Ricardo Barceló.
Ricardo Barceló, presidente local de la Cámara de
la Comercio, fue quien solicitó al pleno dar respaldo a la lucha contra las
importaciones masiva de leches y derivados, así como exigir la construcción de
la carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar y la construcción de los sistemas
sanitarios de todos los municipios de la provincia, lo cuales colapsaron por
acción del tiempo y vicios de construcción.
JURISDCIÓN INMOBILIARIA
Plantearon además que el gobierno debe buscar una salida
inmediata al problema inmobiliario, que consideraron se ha tratado de buscar
una solución virtual, pero no real.
Al propio tiempo rechazaron la resolución por
inconveniente, tras explicar que entre actos de alguacil, notificaciones,
trabajo de agrimensura, provocan gastos sobre los $40.0 millones de dólares.
Dijo que de aceptar las imposiciones, los
empresarios tendrían que pagar en cuatro años sobre los 200 millones de
dólares.
“En vez de estar avanzando en la solución de los
problemas de la jurisdicción inmobiliaria, estamos echando hacia atrás
Explicaron que las últimas resoluciones dada por el
Tribunal de Tierra no soluciona en nada el problema inmobiliario, tras explicar
que cualquier agrimensor puede disponer de la tierra superpuesta.
Denunciaron que han llegado a la conclusión de que
se está trayendo del exterior no es leche, sino un simulacro, que puede afectar
la salud de miles de dominicanos, que la consumen desde cualquier
establecimiento comercial de barrios.
“Estas importaciones están lacerando la producción
y la industria láctea en el país!, enfatizó.
Recordó que muchos de los productos lácteos que
llegan al país vienen sin el etiquetado, lo que evidencia que no hay un control
calidad en el país.
Exigieron al ministerio de Salud Pública que pongan
control, tras enunciar que esa “cosas” que llegan como leche al país están
contribuyendo a la pérdida de la salud.
Advirtieron que mientras más pobres es la persona
que lo consumen los productos importados, más problemas de salud se acarrea en
la población.
En el plano local exigieron del gobierno terminar
la carretera que enlaza a esta ciudad con el costero municipio de Sabana de la
Mar, la cual está en estado deplorable.
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