FLORENTINO DURAN
EL SEIBO. La Corte de Apelación de San Pedro de Macorís dejó sin efecto el nombramiento de la jueza de Instrucción interina de El Seibo, poco después de que concediera la libertad bajo fianza a dos individuos involucrados en la muerte de cinco personas en una litis por tierras en Miches, mientras la seccional del Colegio de Abogados evitó que el sustituto subiera a audiencia.
La decisión le fue comunicada ayer mediante un auto de la presidenta de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, Marcelina Hernández Japa a la doctora Juana González, quien fungía de interina por vacaciones de Mery Rincón, jueza titular; en momentos en que iba a conocer otra medida contra Francisco Antonio Santos García quien estaba prófugo, se entregó el domingo y fue trasladado a la dotación policial de El Seibo.
La decisión provocó una crisis en el desenvolvimiento de las labores judiciales, debido a que cerca de 30 abogados se quejaron de la misma, al considerarla violatoria, dado que la magistrada se acogió a una de las medidas de coerción que contempla el código, y que eso plantea que los jueces tengan temor al tomar decisiones similares.
Firo Mejía, vocero de la filial, dijo que este martes tampoco permitirán audiencia en apoyo a la jueza. La Corte designó a un juez apellido Méndez, a quien no dejaron pasar audiencia.
González impuso medidas de coerción el pasado fin de semana contra dos de los involucrados en el caso, son ellos; Víctor de la Rosa, funcionario del IAD, que se entregó y Mario Cordero Moreno, alias Morenito, quien fue apresado herido en una clínica de Haina.
Ambas medidas implican que deben presentarse cada cierto al tribunal, pero quedaron en libertad, lo que habría provocado la reacción de la Corte de Apelación.
Sin embargo los abogados alegan que la jueza no tuvo elementos para mantenerlo en prisión, dado que el Ministerio Público sólo le presentó cuatro actas de defunción, un revólver y el testimonio de un policía, por lo que las pruebas no fueron suficientes, aunque con posibilidades de variarse si se agregaban otros elementos de prueba.
SOLIDARIDAD
La jueza González, que goza de buena reputación, recibió muestras de solidaridad de amigos y colegas al conocerse la decisión, mientras abogados se expresaron públicamente sobre la decisión que consideran sienta un precedente dado que no se le puede imponer a un juez que tome una decisión sin tener los elementos probatorios a mano, por lo que solicitaron la intervención de la Suprema Corte de Justicia al más alto nivel.
La decisión le fue comunicada ayer mediante un auto de la presidenta de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, Marcelina Hernández Japa a la doctora Juana González, quien fungía de interina por vacaciones de Mery Rincón, jueza titular; en momentos en que iba a conocer otra medida contra Francisco Antonio Santos García quien estaba prófugo, se entregó el domingo y fue trasladado a la dotación policial de El Seibo.
La decisión provocó una crisis en el desenvolvimiento de las labores judiciales, debido a que cerca de 30 abogados se quejaron de la misma, al considerarla violatoria, dado que la magistrada se acogió a una de las medidas de coerción que contempla el código, y que eso plantea que los jueces tengan temor al tomar decisiones similares.
Firo Mejía, vocero de la filial, dijo que este martes tampoco permitirán audiencia en apoyo a la jueza. La Corte designó a un juez apellido Méndez, a quien no dejaron pasar audiencia.
González impuso medidas de coerción el pasado fin de semana contra dos de los involucrados en el caso, son ellos; Víctor de la Rosa, funcionario del IAD, que se entregó y Mario Cordero Moreno, alias Morenito, quien fue apresado herido en una clínica de Haina.
Ambas medidas implican que deben presentarse cada cierto al tribunal, pero quedaron en libertad, lo que habría provocado la reacción de la Corte de Apelación.
Sin embargo los abogados alegan que la jueza no tuvo elementos para mantenerlo en prisión, dado que el Ministerio Público sólo le presentó cuatro actas de defunción, un revólver y el testimonio de un policía, por lo que las pruebas no fueron suficientes, aunque con posibilidades de variarse si se agregaban otros elementos de prueba.
SOLIDARIDAD
La jueza González, que goza de buena reputación, recibió muestras de solidaridad de amigos y colegas al conocerse la decisión, mientras abogados se expresaron públicamente sobre la decisión que consideran sienta un precedente dado que no se le puede imponer a un juez que tome una decisión sin tener los elementos probatorios a mano, por lo que solicitaron la intervención de la Suprema Corte de Justicia al más alto nivel.
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