EURISPIDE A. URIBE PEGUERO
Cada cuatro años, en el período previo a las elecciones congresuales y municipales, los barrios más pobres de las ciudades reciben constantes visitas de personajes que quizás habrían visto cuatro años antes en la misma labor. Además de estas visitas, esas personas harán presencia en cada demarcación a través de los medios radiales, televisivos o escritos. Su imagen estará en grandes vallas colocadas estratégicamente en calles y carreteras con fotos maquilladas y sonrisa forzada para presentar una “imagen refrescante” al destinatario de su propaganda.
Estas personas pueden tener un discurso torpe y rebuscado, indicando sus carencias formativas o pueden utilizar el léxico fluido del intelectual depurado (el más peligroso por su capacidad de engaño), pero en todo caso, el individuo trata de convencer y hacer creíbles sus propuestas de solución a los problemas comunitarios de las personas que ve, oye y lee sus mensajes.
El candidato, también entregará dinero, medicinas, servicios de ambulancias, raciones de comidas y otras dádivas que entiende necesarias para sus propósitos. Pero esta persona, hará más por esas gentes que visita mientras dura su campaña que luego de alcanzar la posición electiva a la que aspira.
Se trata del candidato al escaño congresual, a la sindicatura o la regiduría de un municipio. Él sabe que nunca cumplirá las promesas que hizo porque su propósito es ir a la posición para trabajar en su beneficio, no para servir como promete.
No importa el compromiso que hace, tampoco las necesidades de la demarcación que lo elige, después de todo, jamás volverá por aquella comunidad donde tanto prometió (algunos ni siquiera asisten a las sesiones de las cámaras en las que son elegidos). Si a los cuatro años quiere reelegirse, él sabe que el pueblo olvida las promesas incumplidas y la posición le ha dado recursos económicos suficientes para "invertir" en otra campaña y convencer de nuevo a una población inculta, manipulable y olvidadiza.
El comportamiento de los legisladores se puede juzgar por las posiciones que asumen en cada propuesta que se presenta en el Congreso Nacional; por la identificación que tienen sus propios proyectos de Ley(cuando suelen hacerlos) con los intereses de la comunidad que votó por ellos en base a sus promesas de campaña y por las posiciones que adoptan con respecto a los intereses nacionales ante una labor tan importante como la reforma de la Constitución política.
La reforma constitucional que actualmente conocen los asambleistas en segunda lectura, le da a estos la oportunidad de hacer un aporte trascendental a la sociedad dominicana. T
ienen la encomienda de adecuar nuestra Constitución a los tiempos actuales, tomando en cuenta los derechos ciudadanos, las libertades públicas y los intereses nacionales. Pero lamentablemente, solo unos pocos han entendido la importancia de su papel en esta circunstancia, mayoritariamente están imponiendo una reforma constitucional llena de iniquidades.
Una reforma constitucional tan reclamada y necesitada por la sociedad y que forjó tantas expectativas, puede resultar el peor desatino constitucional que se haya elaborado en nuestra historia constitucional.
Ya un importante grupo de empresarios dijo que esa Constitución (la nueva), "es una vergüenza", advirtiendo que se trata de "una peligrosa involución".
Participación Ciudadana también la calificó de ese modo, agregando que detrás de lo que se ha hecho, "se esconden intenciones inconfesables".
Comunicadores independientes, instituciones cívicas, expertos en Derecho Constitucional y diversas personalidades han expresado su preocupación por el contenido de muchos puntos del texto que se redacta. Algunos legisladores conscientes, también expresan su rechazo a ciertos párrafos aprobados por la mayoría de sus compañeros en donde aviesamente, se ignoran muchos derechos colectivos.
El contenido de esta reforma se quiso revestir de la aceptación y el consenso general cuando el presidente de la República designó una comisión de expertos para elaborar el ante proyecto inicial. Sin embargo, comenzando el mal manejo de la reforma, el mandatario sometió a la Asamblea Nacional una propuesta que no fue la preparada por la comisión de expertos que él mismo designó, quienes habían hecho importantes consultas con la población antes de hacer sus recomendaciones.
Finalmente, la Asamblea Revisora, revestida de las atribuciones para hacer esta reforma, en lugar de mejorar el texto de un anteproyecto al que ya se le habían mutilado recomendaciones tan consensuadas como la Constituyente, maltrata aun más el texto recibido y anula reivindicaciones capitales que mantenía el texto elaborado por la comisión de expertos.
La esencia de la democracia representativa, a pesar de que permite que a unas pocas personas se les otorgue la representación ciudadana para determinadas decisiones, estipula que al pueblo debe reservársele el mayor nivel posible de participación directa en las decisiones que le afectan. La trampa de la representatividad es que los representantes mantienen la facultad de decidir hasta dónde llega la participación de sus representados.
Resulta que le ceden la mínima participación, mientras se reservan para sí todas las facultades posibles en perjuicio de sus representados. Aun peor, muchas veces lo hacen de espaldas al bien común y los derechos de los ciudadanos que le eligen.
Por esta razón, los actuales asambleistas no han querido aprobar el Referendo Revocatorio, para revertir el mandato de un mal gobernante; ni la Constituyente, para tener una participación directa en la elaboración de su Carta Sustantiva.
Han negado el derecho a la patrimonialidad de los recursos naturales, haciendo posible la privatización de las playas y de las fuentes de agua. Hablan de proponer la anulación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. A pesar de crear un Tribunal Constitucional, burlona y contradictoriamente, anulan el derecho ciudadano de someter el recurso de inconstitucionalidad, mientras que dejan ese derecho a los poderes Ejecutivo y Legislativo, los mismos que pueden incurrir en los Decretos y Leyes inconstitucionales. Y entre otras cosas, los legisladores han puesto dificultades para la aprobación a la Ley de Partidos políticos, la cual transparentaría el uso de los recursos públicos en los procesos electorales.
En vez de restar, incrementan las facultades a los poderes Ejecutivo y Legislativo, mientras, dejan la brecha para influir en las decisiones del Poder Judicial.
Al tiempo que hacen esto, restringen derechos y limitan la participación del pueblo en las decisiones más importantes. Parecería que nuestros derechos están a merced de un grupo de inescrupulosos y abusadores que elegimos para defender nuestros intereses y están haciendo todo lo contrario.
Elegimos congresistas para elaborar leyes que nos beneficien y protejan el patrimonio de todos, pero lo que hacen es legislar de espalda a esos intereses. S
e puede entender que bajo este espíritu de indolencia se utilice el argumento de la "protección a la inversión privada" para cercenar el derecho de accesar al espacio público de las playas, mientras lo que se hace es proteger intereses privados en desmedro del interés común y el desconocimiento de tantos derechos ciudadanos que son irrenunciables.
Muy pocos legisladores levantaron su voz oponiéndose a la cementera que afectaría los recursos de los Haitises, ni siquiera el Senador por Monte Plata lo hizo.
Es la misma indolencia demostrada por la mayoría de los legisladores de las demarcaciones que tienen nuestras mejores playas, para aprobar un artículo constitucional que permite al dueño de un hotel impedir que la población utilice la playa que tiene frente a sus instalaciones.
El mensaje que se nos ha dado con lo que se ha hecho en esta reforma es que si un congresista tiene vínculos con un tipo de empresa, solo impulsa los proyectos favorables a su negocio o al proyecto político al cual responde y nada importa el compromiso electoral asumido en campaña.
En definitiva, los congresistas que elegimos, nos han decepcionado. Se escudan en el argumento de acatar una línea partidaria, pero no fueron electos para eso. Solo en ellos recae la responsabilidad histórica del disparate constitucional que pueden estar produciendo.
La única línea a la que deben responder es a la responsabilidad que ellos asumieron con su pueblo. Pero hemos sido vilmente engañados y burlados por ellos. Nuestro Congreso es una gran estafa. Esperanzados, les dimos nuestro voto y ahora reniegan su sagrado compromiso. Identifiquemos los farsantes y sus mentiras en esta campaña electoral, para que elijamos legisladores serios y responsables en el 2010.
Cada cuatro años, en el período previo a las elecciones congresuales y municipales, los barrios más pobres de las ciudades reciben constantes visitas de personajes que quizás habrían visto cuatro años antes en la misma labor. Además de estas visitas, esas personas harán presencia en cada demarcación a través de los medios radiales, televisivos o escritos. Su imagen estará en grandes vallas colocadas estratégicamente en calles y carreteras con fotos maquilladas y sonrisa forzada para presentar una “imagen refrescante” al destinatario de su propaganda.
Estas personas pueden tener un discurso torpe y rebuscado, indicando sus carencias formativas o pueden utilizar el léxico fluido del intelectual depurado (el más peligroso por su capacidad de engaño), pero en todo caso, el individuo trata de convencer y hacer creíbles sus propuestas de solución a los problemas comunitarios de las personas que ve, oye y lee sus mensajes.
El candidato, también entregará dinero, medicinas, servicios de ambulancias, raciones de comidas y otras dádivas que entiende necesarias para sus propósitos. Pero esta persona, hará más por esas gentes que visita mientras dura su campaña que luego de alcanzar la posición electiva a la que aspira.
Se trata del candidato al escaño congresual, a la sindicatura o la regiduría de un municipio. Él sabe que nunca cumplirá las promesas que hizo porque su propósito es ir a la posición para trabajar en su beneficio, no para servir como promete.
No importa el compromiso que hace, tampoco las necesidades de la demarcación que lo elige, después de todo, jamás volverá por aquella comunidad donde tanto prometió (algunos ni siquiera asisten a las sesiones de las cámaras en las que son elegidos). Si a los cuatro años quiere reelegirse, él sabe que el pueblo olvida las promesas incumplidas y la posición le ha dado recursos económicos suficientes para "invertir" en otra campaña y convencer de nuevo a una población inculta, manipulable y olvidadiza.
El comportamiento de los legisladores se puede juzgar por las posiciones que asumen en cada propuesta que se presenta en el Congreso Nacional; por la identificación que tienen sus propios proyectos de Ley(cuando suelen hacerlos) con los intereses de la comunidad que votó por ellos en base a sus promesas de campaña y por las posiciones que adoptan con respecto a los intereses nacionales ante una labor tan importante como la reforma de la Constitución política.
La reforma constitucional que actualmente conocen los asambleistas en segunda lectura, le da a estos la oportunidad de hacer un aporte trascendental a la sociedad dominicana. T
ienen la encomienda de adecuar nuestra Constitución a los tiempos actuales, tomando en cuenta los derechos ciudadanos, las libertades públicas y los intereses nacionales. Pero lamentablemente, solo unos pocos han entendido la importancia de su papel en esta circunstancia, mayoritariamente están imponiendo una reforma constitucional llena de iniquidades.
Una reforma constitucional tan reclamada y necesitada por la sociedad y que forjó tantas expectativas, puede resultar el peor desatino constitucional que se haya elaborado en nuestra historia constitucional.
Ya un importante grupo de empresarios dijo que esa Constitución (la nueva), "es una vergüenza", advirtiendo que se trata de "una peligrosa involución".
Participación Ciudadana también la calificó de ese modo, agregando que detrás de lo que se ha hecho, "se esconden intenciones inconfesables".
Comunicadores independientes, instituciones cívicas, expertos en Derecho Constitucional y diversas personalidades han expresado su preocupación por el contenido de muchos puntos del texto que se redacta. Algunos legisladores conscientes, también expresan su rechazo a ciertos párrafos aprobados por la mayoría de sus compañeros en donde aviesamente, se ignoran muchos derechos colectivos.
El contenido de esta reforma se quiso revestir de la aceptación y el consenso general cuando el presidente de la República designó una comisión de expertos para elaborar el ante proyecto inicial. Sin embargo, comenzando el mal manejo de la reforma, el mandatario sometió a la Asamblea Nacional una propuesta que no fue la preparada por la comisión de expertos que él mismo designó, quienes habían hecho importantes consultas con la población antes de hacer sus recomendaciones.
Finalmente, la Asamblea Revisora, revestida de las atribuciones para hacer esta reforma, en lugar de mejorar el texto de un anteproyecto al que ya se le habían mutilado recomendaciones tan consensuadas como la Constituyente, maltrata aun más el texto recibido y anula reivindicaciones capitales que mantenía el texto elaborado por la comisión de expertos.
La esencia de la democracia representativa, a pesar de que permite que a unas pocas personas se les otorgue la representación ciudadana para determinadas decisiones, estipula que al pueblo debe reservársele el mayor nivel posible de participación directa en las decisiones que le afectan. La trampa de la representatividad es que los representantes mantienen la facultad de decidir hasta dónde llega la participación de sus representados.
Resulta que le ceden la mínima participación, mientras se reservan para sí todas las facultades posibles en perjuicio de sus representados. Aun peor, muchas veces lo hacen de espaldas al bien común y los derechos de los ciudadanos que le eligen.
Por esta razón, los actuales asambleistas no han querido aprobar el Referendo Revocatorio, para revertir el mandato de un mal gobernante; ni la Constituyente, para tener una participación directa en la elaboración de su Carta Sustantiva.
Han negado el derecho a la patrimonialidad de los recursos naturales, haciendo posible la privatización de las playas y de las fuentes de agua. Hablan de proponer la anulación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. A pesar de crear un Tribunal Constitucional, burlona y contradictoriamente, anulan el derecho ciudadano de someter el recurso de inconstitucionalidad, mientras que dejan ese derecho a los poderes Ejecutivo y Legislativo, los mismos que pueden incurrir en los Decretos y Leyes inconstitucionales. Y entre otras cosas, los legisladores han puesto dificultades para la aprobación a la Ley de Partidos políticos, la cual transparentaría el uso de los recursos públicos en los procesos electorales.
En vez de restar, incrementan las facultades a los poderes Ejecutivo y Legislativo, mientras, dejan la brecha para influir en las decisiones del Poder Judicial.
Al tiempo que hacen esto, restringen derechos y limitan la participación del pueblo en las decisiones más importantes. Parecería que nuestros derechos están a merced de un grupo de inescrupulosos y abusadores que elegimos para defender nuestros intereses y están haciendo todo lo contrario.
Elegimos congresistas para elaborar leyes que nos beneficien y protejan el patrimonio de todos, pero lo que hacen es legislar de espalda a esos intereses. S
e puede entender que bajo este espíritu de indolencia se utilice el argumento de la "protección a la inversión privada" para cercenar el derecho de accesar al espacio público de las playas, mientras lo que se hace es proteger intereses privados en desmedro del interés común y el desconocimiento de tantos derechos ciudadanos que son irrenunciables.
Muy pocos legisladores levantaron su voz oponiéndose a la cementera que afectaría los recursos de los Haitises, ni siquiera el Senador por Monte Plata lo hizo.
Es la misma indolencia demostrada por la mayoría de los legisladores de las demarcaciones que tienen nuestras mejores playas, para aprobar un artículo constitucional que permite al dueño de un hotel impedir que la población utilice la playa que tiene frente a sus instalaciones.
El mensaje que se nos ha dado con lo que se ha hecho en esta reforma es que si un congresista tiene vínculos con un tipo de empresa, solo impulsa los proyectos favorables a su negocio o al proyecto político al cual responde y nada importa el compromiso electoral asumido en campaña.
En definitiva, los congresistas que elegimos, nos han decepcionado. Se escudan en el argumento de acatar una línea partidaria, pero no fueron electos para eso. Solo en ellos recae la responsabilidad histórica del disparate constitucional que pueden estar produciendo.
La única línea a la que deben responder es a la responsabilidad que ellos asumieron con su pueblo. Pero hemos sido vilmente engañados y burlados por ellos. Nuestro Congreso es una gran estafa. Esperanzados, les dimos nuestro voto y ahora reniegan su sagrado compromiso. Identifiquemos los farsantes y sus mentiras en esta campaña electoral, para que elijamos legisladores serios y responsables en el 2010.
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